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Jorge Marichal y Manuel Fitas, durante la rueda de prensa.
25
JUN
2014
Ashotel y CCOO exigen la defensa firme de la oferta legal de la hotelería en Canarias y los puestos de trabajo que genera el sector
El sindicato ha recabado hasta ahora el apoyo de 88 comités de empresa de la hostelería de las Islas, que representan a 11.236 empleados, contra la legalización del alquiler vacacional
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, y CCOO Canarias coincidieron esta mañana en un mensaje único para exigir la defensa de la oferta legal de la hotelería en Canarias, así como el importante volumen de puestos de trabajo que genera este sector.
En rueda de prensa en el Hotel Escuela Santa Cruz, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, y el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO Canarias (Fecoht-CCOO Canarias), Manuel Fitas, comparecieron de forma conjunta y trasladaron la necesidad de proteger el empleo en el único sector que en estos momentos tira de la economía en el Archipiélago.
Concretamente, la hostelería cerró el pasado mes de mayo con una caída del 4,5% del desempleo en las Islas respecto al mismo mes de 2013, 5.000 contratos registrados más y un incremento de 6.900 afiliaciones a la Seguridad Social.
En esta línea, ambos representantes se opusieron a la legalización de la actividad de los alquileres vacacionales en las Islas, que pueden perjudicar la imagen de marca Canarias como destino turístico y que tanto esfuerzo ha costado construir.
Entre los motivos argumentados, Jorge Marichal comentó que esta actividad “no solo no genera empleo, pues en muchos casos se realiza en el marco de la economía sumergida, sino que amenaza los puestos de trabajo legalmente existentes”.
Manuel Fitas, por su parte, la calificó de “amenaza directa” al empleo legal, y añadió que “las miles de camas que se alquilan con este formato no generan puestos de trabajo y pueden provocar una caída de los precios establecidos en el sector”.
Que la gran mayoría de estas viviendas no reúne los estándares mínimos de calidad, seguridad y accesibilidad como para ofrecerse como alojamiento turístico es otro de los argumentos esgrimidos por Marichal, al que se añade que estos alojamientos no tienen permiso de las comunidades de propietarios de inmuebles residenciales ni cuentan con registros de hojas policiales.
“Esta situación ataca los intereses de empresarios y trabajadores”, afirmó Fitas, quien informó de que se han levantado hasta ahora 7.500 actas por infracciones de este tipo y abogó por un incremento de las inspecciones de estos negocios, un aspecto con el que coincidió Jorge Marichal.
Cartas de apoyo
Tal y como informó el secretario general de Fecoht-CCOO Canarias, sindicato mayoritario en la hostelería en Canarias, con la representación del 75% de los trabajadores, hasta hoy se ha recabado el apoyo vía carta de 88 comités de empresa de establecimientos turísticos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Lanzarote, que representan un total de 11.236 trabajadores y que se trasladarán al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero.
Marichal consideró también que legalizar estas viviendas para uso turístico podría suponer un “efecto llamada” de la burbuja inmobiliaria, puesto que se abriría la peligrosa vía de construir casas exclusivamente destinadas a este fin.
Por último, el presidente de Ashotel aseguró que “bajo el disfraz de comercio colaborativo con el que se pretende vender esta actividad peer to peer (P2P) se esconden verdaderos negocios encubiertos que no pagan ningún tipo de impuestos”.
La Asociación ya ha trasladado su posición a los representantes políticos a través de varias reuniones con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, al que ha advertido del daño que esta legalización supondría al sector legalmente constituido.
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