La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana parece haberse colado entre nosotros sigilosamente sin darnos apenas cuenta, a pesar de que la regulación que contiene supone de hecho una gran innovación. Esta ley modifica y deroga un gran número de normas actualmente en vigor, es decir, que afecta a varias disposiciones legales que de manera directa o indirecta se relacionan con el urbanismo, el suelo y la edificación (la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley General Tributaria, el Real Decreto 6/2012 de protección de deudores hipotecarios sin recursos, etc.). En resumen, dicha ley modifica ocho leyes orgánicas, otras 17 leyes y una veintena de decretos leyes.
Se pretende con ella, dentro del marco de la crisis económica actual, arbitrar una salida a la recuperación y reactivación del sector de la construcción, pero actuando ahora sobre la edificación ya existente. Al mismo tiempo pretende contribuir al ahorro energético, con el relanzamiento de la industria de materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificación y de las tecnologías de energías renovables.
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