La conocida como Ley de Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) introduce novedades destacables para el empresario con el fin de facilitarle su actividad en su comienzo, desarrollo y cese. Para ello, es cierto que esta ley aprovecha la ocasión para añadir, modificar y derogar materias reguladas por normas anteriores que no están estrictamente ligadas con la regulación del instituto de la empresa y del empresario.
La ley se articula en diferentes líneas de acciones: la principal, y más evidente, es la de dar valor a la actividad emprendedora, potenciándola desde el ámbito público con un apoyo global al emprendimiento, la búsqueda de nuevos canales financieros no bancarios, la mejora de la I+D+i en las que nuestro país está por debajo del nivel europeo y donde se hace necesaria la inversión privada, debido a los recortes sufridos en las aportaciones públicas. Por último, esta norma favorece el fomento de la internacionalización, como expresamente se detalla en el título de la ley.
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