La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno estatal contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias ha provocado un efecto perverso y contrario al fin perseguido por algunos empresarios turísticos de Gran Canaria, a los que parece que la más que imprescindible renovación de nuestra planta obsoleta les genera urticaria.
No cabe en el entendimiento de quienes nos dedicamos a la principal actividad económica de las Islas que para que el Tribunal Constitucional (TC) dilucide si dos apartados de un artículo de la citada Ley son o no constitucionales, el Gobierno Central solicite la suspensión cautelar de las únicas excepciones que contenía la Ley a la construcción de nueva planta, es decir, la de los establecimientos de 5 estrellas o superior.
El resultado obtenido con esta acción es que durante al menos cinco meses no se podrá presentar ningún proyecto de ninguna categoría para la construcción de nueva planta hotelera y extrahotelera en Canarias. Pero, lo que es peor, si el TC da la razón al Gobierno, los preceptos recurridos se retirarán de la Ley y corremos el riesgo de una paralización absoluta sine die, una situación nefasta para nuestro destino.
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